V. Lucía R. Nacho T. Cristóbal U. Pablo N. Rircardo R. Noa I. ¿Por qué importa hoy? 79,7% de españoles usan servicios públicos digitales Eurostat 2024 70% de trámites gestionados con certificado digital Redtrust / CNIS 2024 +60% de trámites telemáticos en los últimos 3 años C. de Madrid 2024 Introducción Normativa Tipos de firma Ciudadano Administración Retos Conclusiones
qué importa? Normativa eIDAS · Ley 39 · Ley 40 Tipos de firma Simple · Avanzada · Cualif. El ciudadano Obligados y herramientas La Administración Sello · CSV · Automati. Retos Brecha · Interop. · Cibers. Conclusiones Síntesis y valoración La firma electrónica como eje de la Administración digital — La recorremos desde la norma hasta la Práctica
que regula la firma electrónica UE Reglamento eIDAS UE 910/2014 Marco europeo de referencia. Establece los tres niveles de firma y el principio de no discriminación: ninguna AP puede rechazar una firma por ser digital. ES Ley 39/2015 Proc. Administrativo Común Regula la relación ciudadano-AP. El art. 14 obliga a empresas y profesionales colegiados a relacionarse electrónicamente con la Administración. ES Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público Regula la firma desde el lado de la propia Administración: cómo firma internamente y la interoperabilidad entre AAPP. RD RD 203/2021 Reglamento de desarrollo Desarrolla las leyes anteriores. Concreta los sistemas válidos: Cl@ve, DNIe y certificado FNMT como medios admitidos por la AP. España tiene uno de los marcos normativos más completos de la UE en materia de administración electrónica
niveles de seguridad y validez jurídica SIMPLE Seguridad básica Cualquier dato digital vinculado a un firmante Sin requisitos técnicos específicos Ej: firmar el aceptamiento de terminos AVANZADA Seguridad media Vinculada de forma única al firmante Detecta manipulaciones posteriores Ej: certificado Digital en Hacienda CUALIFICADA Máxima seguridad Avanzada + dispositivo cualificado = efecto que firma manuscrita Ej: DNIe, Cl@ve Permanente Solo la firma cualificada tiene el mismo valor jurídico que la firma manuscrita — art. 25 Reglamento eIDAS
qué herramientas? ¿Quién está obligado? Art. 14 Ley 39/2015 Personas jurídicas (empresas, asociaciones) Entidades sin personalidad jurídica Profesionales con colegiación obligatoria Empleados públicos (en trámites de su cargo) Los ciudadanos particulares pueden elegir el canal, salvo que un reglamento específico lo exija. ¿Con qué herramientas? DNIe Certificado en el chip del DNI. Requiere lector de tarjetas. Firma cualificada. Certificado FNMT Instalado en el navegador. El más usado para Hacienda y Seguridad Social. Cl@ve PIN: trámites puntuales. Permanente: uso frecuente. Sistema unificado del Estado. El ciudadano tiene opciones para elegir. Las empresas y profesionales colegiados, no.
escenarios según intervención humana Con intervención humana Firma del funcionario El funcionario firma el acto administrativo con su certificado personal de empleado público, de forma individualizada. Ejemplo: Inspector de Hacienda firma una liquidación tributaria Actuación automatizada Sin intervención humana directa Sello electrónico Identifica al órgano emisor (no a una persona). Ej: notificaciones masivas de la AEAT. CSV — Código Seguro de Verificación Código alfanumérico que permite verificar autenticidad en la sede electrónica. Aparece en el pie de todo PDF oficial. El sello electrónico identifica quién emite el documento — el CSV verifica que no ha sido manipulado
no ha resuelto en la práctica Brecha Digital ¿Puede ser obligatorio lo que no todos pueden usar? La Ley 39/2015 impulsa la relación electrónica, pero no garantiza acceso universal. Colectivos mayores o sin recursos quedan en desventaja, lo que puede vulnerar el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre esta cuestión en varias ocasiones Fragmentación e Interoperabilidad ¿De qué sirve la firma si los sistemas no se hablan? Cada Administración ha desarrollado sus propios sistemas. Un certificado válido en la AGE no siempre funciona en sedes autonómicas o municipales, generando inseguridad jurídica y frustración ciudadana. El RD 203/2021 intenta resolverlo, pero la realidad sigue siendo heterogénea Ciberseguridad ¿Quién garantiza la seguridad de la infraestructura? La firma electrónica garantiza autenticidad e integridad del documento, pero no inmuniza la infraestructura que lo sustenta. El ciberataque a la DGT en 2024 comprometió datos de millones de conductores. +10.000 incidentes de seguridad en organismos públicos en 2024 (CCN- CERT) El reto actual no es legislativo — es práctico y social: digitalizar sin: excluir, fragmentar ni vulnerar
técnica — es un instrumento jurídico que transforma la relación ciudadano-Administración, con derechos y obligaciones regulados por ley. 02 España cuenta con un marco normativo sólido (eIDAS + Ley 39 + Ley 40 + RD 203/2021), pero la implementación real sigue siendo desigual entre administraciones. 03 El reto no es ya legislativo sino práctico y social: garantizar que la digitalización no excluya, no fragmente y no vulnere la seguridad de los datos. "La firma electrónica es el puente entre el ciudadano y la Administración del siglo XXI. El derecho ya ha construido ese puente. La pregunta es si todo el mundo puede cruzarlo."
Consejo, de 23 de julio de 2014 (eIDAS) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos Fuentes institucionales y estadísticas Eurostat (2025): Digitalización en Europa — edición interactiva 2025 Redtrust / XIV Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS, 2024): Identidad digital segura: el papel del Certificado Digital en la AP Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT): Informe de ciberseguridad en organismos públicos 2024 Comunidad de Madrid (2024): Informe de tramitación electrónica autonómica Defensor del Pueblo: Informes anuales sobre acceso a servicios públicos digitales